El objetivo que persigue es usar los drones en tareas de vigilancia con el objetivo de proteger yacimientos arqueológicos de posibles expolios o malos tratos provocados por la explotación minera no regulada o incluso por efectos de la especulación urbanística que no respetan el entorno o hallazgos arqueológicos.
Según los responsables de la iniciativa, la economía de Perú ha crecido una media del 6,5% anual en la última década y esta activación de la economía ha provocado que aumente la actividad del sector minero y de la construcción. Según los arqueólogos, aún se está trabajando, cerca de Lima, en los restos de una pirámide de 5.000 años de antigüedad que fue dañada por una constructora que primó su negocio frente a la preservación del hallazgo y, cerca de la ciudad Pre-Inca de Yanamarca, la actividad minera dañó unas estructuras de piedra de esta ciudad; por tanto, necesitan medios para poder evitar que este tipo de sucesos se sigan produciéndose.
Además de proteger los yacimientos arqueológicos, tendrá también como objetivo la documentación fotográfica de todos los lugares por si, alguna vez, hubiese que emprender tareas de restauración. El Gobierno correrá con los gastos de adquisición de los drones y, de esta forma, se agilizarán los plazos de inspección de un lugar para determinar si un hallazgo arqueológico puede paralizar o retrasar una obra o cualquier otro tipo de explotación comercial.
Según los datos del Ministerio de Cultura, Perú tiene alrededor de 13.000 yacimientos arqueológicos a proteger y solamente 2.500 están bien protegidos y delimitados; un reto en el que los drones tienen mucho que aportar para agilizar el trabajo.
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